SISALRIL investiga denuncia de negación de atención médica a víctima del Jet Set

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La denuncia fue recibida mientras ya se realizaba una investigación de oficio por parte del organismo regulador

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) informó que se encuentra investigando una denuncia sobre la supuesta negativa de atención médica en una situación de emergencia a una víctima del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrida recientemente en la capital.

La denuncia fue presentada por los señores Franklin Rodríguez, ex senador por San Cristóbal, y Luis Graveley Hernández, a través de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA). Según lo informado, la clínica Dr. Abel González habría rehusado brindar atención médica a una persona herida en la tragedia.

Este reclamo formal coincidió con una investigación de oficio ya iniciada por SISALRIL, luego de las declaraciones públicas que circularon en redes sociales y medios de comunicación por parte del ex legislador Rodríguez, quien criticó la actuación del centro de salud.

SISALRIL aseguró que actualmente se encuentra en la etapa de levantamiento de información, entrevistando actores involucrados y revisando los protocolos activados durante la emergencia. En caso de comprobarse la actuación irregular, se tomarán las medidas legales correspondientes conforme lo establece la Ley 87-01 que rige el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La institución recordó que el desplome del techo de la discoteca Jet Set dejó un saldo devastador de 232 fallecidos y más de 180 heridos, situación que llevó a emitir una disposición urgente para que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) habilitaran toda su red de centros, incluyendo aquellos no contratados, con el fin de garantizar atención inmediata.

Con esa medida, SISALRIL buscó evitar demoras innecesarias en momentos de crisis, eliminando obstáculos administrativos y financieros para que las víctimas pudieran recibir atención médica sin importar el centro en que se encontraran.

Además, la entidad recalcó que tanto la Ley General de Salud como las disposiciones del SDSS prohíben de manera tajante que se niegue atención médica en caso de emergencia. Asimismo, está terminantemente prohibido condicionar la atención al pago previo o a cualquier otro trámite burocrático.

La superintendencia aprovechó para reiterar que los centros de salud, públicos o privados, están en la obligación legal y ética de atender a todo ciudadano que llegue en estado crítico, sin excepción y sin importar su estatus como afiliado.

SISALRIL también hizo un llamado a los ciudadanos que hayan experimentado una negativa de servicios por parte de una ARS o Prestador de Servicios de Salud (PSS) a presentar sus denuncias formales, ya sea directamente o a través de la DIDA, para que puedan activarse los procesos sancionadores correspondientes.

En ese sentido, valoró positivamente el papel de la DIDA, por su labor permanente en la protección y orientación a los afiliados del Seguro Familiar de Salud, así como su rol como canal de recepción de quejas dentro del sistema.

Las autoridades recordaron que proteger la salud y la vida de los ciudadanos debe ser una prioridad incuestionable en cualquier circunstancia, especialmente durante situaciones de desastre o emergencia nacional como la acontecida en el Jet Set.

La investigación se mantendrá abierta hasta que se determine si existieron o no violaciones al marco normativo vigente. SISALRIL subrayó que actuará con firmeza para hacer cumplir la ley y garantizar justicia a las víctimas.

Hasta el momento, la clínica Dr. Abel González no ha emitido una declaración oficial sobre la denuncia, pero se espera que sea requerida para presentar su descargo como parte del proceso en curso.

La tragedia del Jet Set continúa generando repercusiones en distintos sectores del país, no solo por el impacto humano de la pérdida de vidas, sino por las posibles fallas institucionales que pudieron agravar la situación.

SISALRIL reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y el bienestar de los afiliados al sistema, reafirmando que no tolerará ninguna conducta que comprometa el derecho a la salud de los ciudadanos.

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