El informe revela también 161 secuestros y una creciente ola de abusos, desplazamientos forzados y crímenes sexuales
Puerto Príncipe, Haití. – Un total de 1,617 personas murieron y 580 resultaron heridas entre enero y marzo de 2025 en Haití como consecuencia de la creciente violencia que asola el país caribeño, según un informe publicado este miércoles por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).
El reporte detalla que la violencia ha involucrado a bandas armadas, grupos de autodefensa, civiles no organizados y fuerzas de seguridad estatales. Además, 161 personas fueron secuestradas en ese mismo período, lo que confirma el deterioro acelerado del orden público y la fragilidad institucional.
La Binuh advirtió también que al menos 80 ejecuciones extrajudiciales habrían sido cometidas por funcionarios del orden, lo que evidencia la impunidad con la que operan incluso agentes estatales en el clima de caos y colapso de la seguridad nacional.
Otro dato alarmante del informe indica que, hasta el 31 de marzo, había 1,041,229 personas desplazadas internamente, lo que representa un aumento del 48 % con respecto al último informe de septiembre de 2024. Esto refleja una crisis humanitaria en rápida expansión, impulsada por la violencia sin control.
Los efectos sobre la niñez han sido devastadores. La ONU informó que al menos 35 niños han muerto y 10 han sido heridos por ataques armados, operativos policiales o actos de justicia por mano propia. Muchos otros han sido víctimas de trata o reclutamiento forzoso por bandas criminales.
El informe también reveló que durante el primer trimestre del año se registraron 333 casos de violencia sexual, de los cuales el 96 % correspondieron a violaciones, en su mayoría perpetradas en grupo. Las sobrevivientes han sido, en gran parte, mujeres en zonas vulnerables o controladas por pandillas.
“La expansión territorial de los grupos criminales ha sido la característica dominante del trimestre”, explicó la Binuh, señalando que las bandas han reforzado su presencia en el área metropolitana de Puerto Príncipe y zonas circundantes, como parte de una ofensiva territorial sistemática.
Las comunas de Delfas y Kenscoff fueron atacadas con el objetivo de desestabilizar la estratégica región de Pétion-Ville, mientras que otras incursiones en el departamento Centro buscaron controlar rutas clave hacia la frontera con República Dominicana y facilitar la fuga masiva de reclusos.
Uno de los hechos más graves fue la evasión de más de 515 presos de la cárcel de Mirebalais, tras un ataque coordinado por pandillas. La impunidad con la que actúan estos grupos pone en jaque a las autoridades judiciales y penitenciarias del país.
Binuh también reportó la muerte de 25 reclusos en centros de detención y denunció que el sistema penitenciario sigue en condiciones precarias, sin garantías mínimas para los internos.
En respuesta, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) y la Oficina del Primer Ministro han anunciado la creación de centros judiciales especializados para procesar crímenes masivos, violencia sexual y delitos financieros, como parte de una estrategia de justicia transicional.
La ONU urgió a la comunidad internacional a no apartar la mirada de Haití y pidió acelerar el despliegue total de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), aprobada por el Consejo de Seguridad en 2023, pero que hasta ahora no ha logrado avances sustanciales en la estabilización del país.
La fuerza liderada por tropas kenianas aún no ha mostrado capacidad efectiva para frenar el poder de las bandas que dominan amplios territorios en la capital y otras zonas, mientras el país se hunde en un ciclo de violencia estructural, pobreza y colapso institucional.
Con información de EFE
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