El Ministerio Público acusa a los propietarios de homicidio involuntario por negligencia y priorización del beneficio económico
Bartolo García
Santo Domingo, R.D.– Horas antes del derrumbe que cobró la vida de 236 personas en la discoteca Jet Set, Maribel Espaillat fue advertida de que la fiesta pautada debía cancelarse por razones de seguridad. Sin embargo, según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, la empresaria se negó a suspender el evento alegando la ausencia de su hermano y socio, Antonio Espaillat.
De acuerdo con el expediente, Maribel priorizó la continuidad de la actividad sobre la integridad de los asistentes. “Aun con conocimiento de un incidente de caída de escombros y la advertencia de peligro, se negó a suspender la actividad, anteponiendo intereses económicos sobre la vida de las personas”, afirma el documento judicial.
El Ministerio Público responsabiliza directamente a Maribel y Antonio Espaillat, propietarios del emblemático centro nocturno, de múltiples omisiones y decisiones negligentes que provocaron el colapso de la estructura, la cual estaba visiblemente deteriorada y sobrecargada con equipos pesados instalados sin estudios estructurales previos.
El techo de la discoteca, indica el expediente, había sido sometido a una carga excesiva y progresiva. Se habían instalado sin evaluación técnica casetas, ductos, unidades de climatización de hasta 20 toneladas y tinacos, sin que se realizaran estudios de resistencia que avalaran dicha modificación.
“Los imputados apelaron a soluciones paliativas e inadecuadas para aparentar correcciones, pero nunca se realizó una reparación estructural real. Sabían que el techo presentaba fallas críticas”, señala el documento. Esto, unido al peso adicional, hizo colapsar una estructura que ya evidenciaba goteras y desplazamientos de plafones.
La fiscalía sostiene que tanto Maribel como Antonio tenían conocimiento constante de los daños en el techo. Esto se confirma con la recuperación de mensajes, fotos y videos enviados por el imputado desde su celular, reportando filtraciones y daños visibles en el falso plafón.
Las pruebas incluyen conversaciones extraídas del celular del señor Manuel Jiménez Mateo, que muestran cómo Antonio Espaillat enviaba imágenes y reportes de daños al techo, muchos de los cuales no fueron atendidos con la seriedad que ameritaban.
A pesar de las advertencias internas y del incidente de caída de escombros reportado horas antes de la fiesta, los responsables optaron por continuar con el evento, lo que el Ministerio Público considera una clara negligencia criminal.
El colapso dejó un saldo devastador: 236 personas fallecidas y 89 heridas. Esta tragedia es considerada la mayor catástrofe no natural en la historia reciente de República Dominicana, provocando conmoción a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, la tipificación del delito como homicidio involuntario conlleva penas muy limitadas en el actual Código Penal dominicano: un máximo de dos años de prisión y una multa simbólica que no supera los 100 pesos dominicanos.
La fiscal Rosalba Ramos y el procurador adjunto Wilson Camacho lideraron los interrogatorios a los hermanos Espaillat, quienes fueron arrestados este jueves. La solicitud de medida de coerción busca prisión preventiva para ambos, dada la gravedad de los hechos.
La opinión pública ha reaccionado con indignación ante la posibilidad de una sanción tan leve por una tragedia de tal magnitud, lo que ha reavivado el debate sobre la urgente necesidad de una reforma profunda del sistema penal dominicano.
Mientras tanto, las autoridades continúan analizando otras evidencias estructurales y administrativas del caso, que podrían involucrar también a ingenieros, contratistas y empleados que estuvieron al tanto del deterioro de la discoteca.
El caso Jet Set se perfila como un símbolo del costo humano de la negligencia institucional y empresarial, dejando al descubierto una cultura de impunidad que pone en riesgo vidas y desafía los principios básicos de responsabilidad social.
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