La influencer fue arrestada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por orden del Segundo Juzgado de la Instrucción tras publicaciones agraviantes
Bartolo García
La influencer y comunicadora Ingrid Jorge, conocida en redes sociales como “La Torita”, fue dejada detenida este miércoles en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de que el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le impusiera una medida de coerción consistente en una garantía económica de un millón de pesos.
La decisión judicial fue tomada a raíz de una acusación formal por la presunta difamación e injuria en perjuicio del procurador adjunto Iván Féliz Vargas, a través de contenidos publicados por Jorge en plataformas digitales.
Durante la mañana, la audiencia fue abierta en ausencia de la imputada, razón por la cual el tribunal, presidido por la jueza Patricia Padilla, decidió declararla en rebeldía y emitir una orden de arresto inmediata.
Minutos más tarde, Jorge se presentó voluntariamente ante el tribunal, lo que permitió revocar la declaratoria de rebeldía y proceder con el conocimiento de la medida de coerción correspondiente.
Su abogado defensor, Enrique Santelice, acompañado de la también abogada Yvelia Batist, confirmó que la detenida permanecerá en custodia hasta que cumpla con el pago de la fianza impuesta por la jueza.
La acusación fue sustentada por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedapec), la cual atribuye a Jorge la publicación de mensajes calumniosos y ofensivos en medios digitales, considerados como agravios directos contra el procurador adjunto.
Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado una medida más severa, consistente en una fianza en efectivo de dos millones de pesos, pero el tribunal optó por una reducción y el establecimiento de restricciones adicionales.
Este no es el único caso judicial que enfrenta la influencer. El próximo viernes 18, está previsto que se conozca una nueva querella interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, también por alegados actos de difamación e injuria.
En relación con este otro proceso, Raful ha afirmado públicamente que llevará el caso hasta las últimas consecuencias, y que demanda tanto a Jorge como al comunicador Ángel Martínez por 50 millones de pesos.
Ambos casos se sustentan en publicaciones realizadas por la influencer, que han sido calificadas como ataques a la honra y reputación de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
La figura de Jorge ha estado envuelta en diversas controversias en redes sociales, lo que ha llamado la atención de las autoridades judiciales ante el impacto de sus declaraciones y acusaciones sin respaldo legal.
Mientras tanto, la medida impuesta busca garantizar su comparecencia al proceso, además de establecer límites al uso de sus plataformas digitales para evitar reincidencias.
Con estos procesos judiciales en curso, el Ministerio Público pretende marcar un precedente en la lucha contra la difamación electrónica y la protección del honor público, en un contexto donde las redes sociales son cada vez más influyentes.
