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Ex jueza de JCE en NJ Sarah Machado con record criminal en RD es declarada en rebeldía por corte federal de EEUU en caso Polanco

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NUEVA YORK._ A la izquierda, la ex jueza de la JCE en Nueva Jersey, Sarah Lina Machado Balbuena y Johanna Tineo Estévez, ex encargada de a OCLEE declaradas en rebeldía por la Corte Federal en Pensilvania por desacato a la citación sobre el caso Polanco. (Fuente externa).

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ La abogada dominicana Sarah Lina Machado Balbuena, quien fue jueza de la Junta Central Electoral (JCE) en Nueva Jersey en las elecciones del exterior 2020 y con récord criminal en la República Dominicana  y Johanna Tineo Estévez, quien era encargada de la OCLEE en el mismo estado, fueron declaradas en rebeldía por la Corte Federal del Distrito Este en Pensilvania donde se ventila una demanda por caos electoral y manejo corrupto de los fondos destinados a las elecciones de ese año  incoada, por el doctor Yomare Polanco.

Machado Balbuena y Tineo Estévez figuran en el expediente de la demanda incoada por el doctor Yomare Polanco como parte de la conspiración para impedir la victoria del reconocido empresario, que era el candidato a diputado de ultramar del PLD en la circunscripción #1 de Estados Unidos.

Las dos fueron conminadas a responder compulsivamente en  una nueva fecha a la corte federal después de violar el plazo de 60 días que originalmente se les dio en  la primera citación vía alguacil del tribunal para que comparecieran.

El abogado de Polanco, Albert Robles dijo a este reportero que Machado y Tineo podrían ser condenadas en esa audiencia a restituir las pérdidas financieras que la conspiración que le causó a Polanco.

Machado, que es abogada  tiene récord criminal  en  la República Dominicana donde representó  a la entonces pareja del capo de las drogas, el boricua José David Figueroa Agosto a quien la DEA describió como “El Pablo Escobar del Caribe”, Sobeida Félix Morel, siendo arrestada el jueves 23 de diciembre 2010 en las inmediaciones de la cárcel Najayo Mujeres en San Cristóbal después de un allanamiento en la celda de Morel donde los custodios hallaron dos celulares, uno de ellos, un iPhone y tres chips con diferentes números que Machado había entregado a la presa y luego ofreció $100 mil pesos dominicanos como soborno a uno de los guardias para que no la arrestara.

Tras ser detenida, fue acusada formalmente en un tribunal donde se pidió coerción y se le impuso una fianza con garantía económica.

Aún así, fue nombrada por la JCE como jueza de la OPREE en Nueva Jersey y después de las elecciones en el Departamento Legal del consulado general dominicano en Nueva York donde permanece, generando iracundas cundas en las filas y dirigencia de la seccional del PRM.

Su detención se difundió internacionalmente.

En la demanda de Polanco, se le acusa de haber ejecutado junto a Tineo y otros funcionarios y funcionarias de la JCE, las órdenes del entonces director del voto en el exterior, Gilberto Cruz Herasme para que se desacatara el dictamen del Tribunal Superior Electoral (JCE) sobre el reconteo en perjuicio del candidato peledeísta.

Miles de votos nulos y observados fueron quemados, triturados, robados y/o desaparecidos en vez de revisarlos.

“La corte les mandó la citación con un primer plazo de  60 días para responder, sino responden en ese plazo, se les extiende a 30 días más y el Departamento de Estado notificará al canciller sobre el último plazo”, añadió.

“Si esos 30 días terminan y no hay respuesta,  nosotros tenemos derecho a hacer la petición para que el magistrado declare  la República Dominicana en default (defecto) y podría darnos la victoria judicial sin pelear”, explicó el abogado de Polanco sobre el desacato de las dos ex funcionarias.

Tineo enfrenta las mismas imputaciones y cargos adicionales por supuestamente haber usado y desviado parte de los fondos de $5 millones de dólares haciendo pagos en efectivo y sin ningún apoyo documental.

El año pasado, 2022 en una entrevista con  el programa radial “El Sol de la Mañana”, el presidente de la JCE reveló que todos los funcionarios y funcionarias cancelados, desvinculados y suspendidos de las OCLEE y OPREE en la circunscripción  #1, confesaron sus crímenes y adelantó que el caso está en manos de la Fiscalía Electoral, que al igual que las demás instituciones judiciales de República Dominicana a las que Polanco entregó las evidencias y testimonios, no han hecho nada para hacer justicia.

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