POR JUAN T H
Aunque usted no lo crea, en la República Dominicana hay más vehículos de motor, que gente.
Creo ha llegado el momento de prohibir, durante cuatro o cinco años, la importación de vehículos usados y de todas las motocicletas, al tiempo de limitar la importación de vehículos nuevos, sobre todo de lujo. Físicamente no hay donde aparcar casi seis millones de vehículos, en un país de diez u once millones de habitantes, con calles estrechas y carreteras inservibles. Las calles no resisten más; el tránsito se hace cada vez más pesado, anárquico y caótico.
Sé que tal propuesta no es simpática para el sector empresarial, los concesionarios, los sindicatos, ni para el gobierno que recauda más de 20 mil millones de pesos anuales. Las constantes ferias de los bancos y de los importadores de vehículos usados habrá que hacerlas más esporádicamente, no todos los años. No lo sé, pero algo hay que hacer.
El crecimiento del parque vehicular ha sido exponencial, desordenado y caótico, por demás, debido a la falta de planificación, incumplimiento de las leyes, falta de un régimen de consecuencia, regulación, disciplina, educación y respeto a las autoridades que deben fiscalizar y hacer cumplir las leyes que regulan el tránsito. (En algún momento “el concho” debe desaparecer, duélale a quien le duela, porque forman parte del problema, no de la solución)
De acuerdo con un estudio minucioso de la dirección de Impuestos Internos, que recauda más de 24 mil millones de pesos al año, en el país hay cerca de seis millones de vehículos diversos, de todo tipo y marca, incluyendo las motocicletas. El dato, sin embargo, no es correcto, porque nadie puede, a ciencia cierta, cuantificar ni registrar el número exacto de motocicletas.
Recientemente un importante funcionario del sector aseguró que hay en el país más de 4 millones de motocicletas, la mayoría sin ningún registro, pues carecen de matrículas, licencia de conducir, seguro, etc. La República Dominicana es el primer país del mundo en accidente de tránsito, debido, fundamentalmente a la falta de autoridad y disciplina a la hora de aplicar la ley. Más del 60% de las motos son responsables de los accidentes, donde por lo general muere un conductor o resulta gravemente lesionado con la pérdida de sus brazos y piernas, elevado el número de discapacitados que ya pasa del diez por ciento de la población adulta.
En este país nadie quiere “andar a pie”, por seguridad, para evitar asaltos, violaciones y atracos; todos queremos un carro, una motocicleta, una yipeta, etc. (En ocasiones quiero conducir un tanque de guerra) Es fácil para la clase media, alta y baja, obtener un vehículo financiado por uno de los bancos, públicos y privados, incluyendo las asociaciones de ahorros y préstamos. Es más fácil y cómodo obtener un préstamo para un carro que para una casa, en un país donde el déficit habitacional supera por mucho el millón.
Ya no hay dónde aparcar los vehículos. Donde antes había una casa que la habitaba una sola familia, con uno o dos vehículos, ahora hay una Torre habitada por 40 y hasta 60 familias, con hasta cuatro vehículos. Con un agravante, los constructores no diseñan parqueos para los visitantes a pesar de existir una ley que los obliga.
La mayoría de los vehículos de motor, según el estudio de la dirección de Impuestos Internos están concentrados en Santo Domingo, Santiago, La Vega y otras ciudades con una densa población, donde el caos es similar.
Las motocicletas constituyen un verdadero dolor de cabeza. Nadie las regula, nadie toca a los “delivery” que se han convertido en una plaga, conduciendo como locos, como chivos sin ley en la sabana, sin respetar ninguna norma, cruzando en rojo en todos los semáforos, sacándole la lengua a los agentes de tránsito. Con una mano conducen el motor y con la otra el celular para buscar direcciones de los clientes. (Hay “delivery” transportando todo tipo de drogas a domicilio)
Los túneles, elevados, metros, trenes, monorrieles, etc., no servirán de nada si no se toman medidas, fruto de un plan macro, para solucionar el problema, cada vez más grave, del transporte tanto público como privado. En otros países lo han hecho, ¿por qué aquí no? tal vez porque los intereses de los sectores políticos comerciales y sociales están por encima de los intereses del país.
Estoy seguro de que este artículo, como muchos otros, terminará en el excusado de los despachos de los funcionarios. Pero no importa, cumplo con decir lo que pienso. Como siempre. Pero, me pregunto, ¿tiene alguien el material colgante para ponerle el “cascabel al Gato” y enfrentar el problema del tránsito, lesionando los intereses económicos vueltos, incluyendo los del propio gobierno? ¡Lo dudo!
