La institución aclaró que la medida es de carácter preventivo y busca garantizar la integridad del Registro de Proveedores del Estado, conforme a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas
Bartolo García
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que, en lo que va de 2026, ha suspendido de oficio 81 Registros de Proveedores del Estado (RPE) correspondientes a funcionarios electos y designados, en cumplimiento de la Ley 47-25, la cual establece un régimen de inhabilidades absolutas para quienes ejercen funciones públicas.
La entidad explicó que la reciente suspensión de los registros de once senadores, realizada el pasado 30 de junio, forma parte de la aplicación del nuevo marco legal, que prohíbe a los funcionarios mantener participación societaria, sin importar el porcentaje de acciones, así como ocupar cargos de dirección, gerencia o consejos de administración en empresas que contraten con el Estado.
La DGCP recordó que el pasado 13 de febrero emitió una circular otorgando un plazo de 15 días hábiles para que los funcionarios comprendidos dentro de las causales de inhabilidad solicitaran voluntariamente la suspensión de sus registros. Cumplido ese período, el organismo procedió a realizar las suspensiones de oficio conforme al reglamento de aplicación de la ley.
Asimismo, precisó que las verificaciones y cruces de información que dieron origen a estas decisiones forman parte de las labores rutinarias de supervisión para preservar la transparencia y la confiabilidad del Registro de Proveedores del Estado. La institución insistió en que estas actuaciones responden a sus atribuciones legales como órgano rector del sistema de contrataciones públicas.
La entidad enfatizó que la suspensión del RPE no constituye una sanción administrativa ni una medida punitiva, sino una disposición preventiva destinada a garantizar el cumplimiento de las inhabilidades previstas por la legislación mientras los funcionarios permanezcan en el ejercicio de sus cargos públicos.
Además, la DGCP reveló que entre 2020 y 2025 también suspendió 591 registros de proveedores bajo las disposiciones de la derogada Ley 340-06, reafirmando que estas acciones forman parte de su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia, la legalidad y la integridad en las contrataciones del Estado.
